Constituye fraude alimentario toda acción con fines de lucro en la que se mienta deliberadamente a los consumidores sobre la calidad o el contenido de un producto alimenticio. Es difícil evaluar la magnitud de este tipo de estafa a nivel internacional, porque quienes comercian con alimentos fraudulentos intentan no dejar rastros de sus actividades. Aun así, algunos expertos calculan que esta actividad ilegal genera para la industria alimentaria unas pérdidas anuales de 40 000 millones de dólares de los Estados Unidos.
Los consumidores desean estar seguros de la calidad y la seguridad de los productos alimenticios que adquieren. Por ello, algunos compran marcas de renombre y otros están dispuestos a pagar precios más elevados por un producto con ciertas características o determinados ingredientes. Todo ello atrae a los estafadores, que se lucran sustituyendo, por ejemplo, ingredientes de calidad por otros menos costosos.
Como el fraude alimentario puede producirse en cualquier fase de la cadena de suministro y, en algunos casos, no puede detectarse si no se cuenta con equipos especiales, reducir las posibilidades de que ocurra no es tarea fácil. En los países en desarrollo, este problema se acentúa por la falta de capacidad técnica para revelar la estafa.