Mirar al futuro: reconversión de instalaciones nucleares tras la clausura

De aquí a 2050, un número considerable de los más de 400 reactores nucleares que actualmente están en funcionamiento podrían ser clausurados. La clausura no solo supone el final de la vida útil de la instalación, sino el comienzo de una transformación técnica, socioeconómica y ambiental polifacética. Por esta razón, un proyecto de clausura fructífero no se limita al desmantelamiento de las instalaciones nucleares, sino que se replantea el uso futuro de estas en beneficio de la comunidad local.

“La reconversión de emplazamientos nucleares exige un cambio de mentalidad —explica Gloria Kwong, Jefa de la Sección de Clausura y Rehabilitación Ambiental del OIEA—. Si se priorizan el uso futuro, la eficiencia de los recursos y el redesarrollo, es posible transformar antiguos emplazamientos nucleares en centros de innovación, crecimiento económico y sostenibilidad, que apoyan la energía limpia y la creación de comunidades resilientes”.

En la Argentina, por ejemplo, la clausura y la rehabilitación del Parque Industrial de Malargüe, en la provincia de Mendoza, que durante más de 30 años se utilizó para el procesamiento de mineral de uranio antes de su cierre en 1986, dieron origen al Parque El Mirador, un espacio verde pensado para la comunidad local y creado en colaboración con esta. Este proyecto, puesto en marcha en 2017 como parte del Plan Estratégico Malargüe 2020 y encabezado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), es un ejemplo de cómo la planificación inclusiva puede conducir a una transformación duradera. El parque, diseñado conjuntamente por la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y el municipio, cuenta con zonas recreativas, instalaciones deportivas y espacios para la enseñanza ambiental.

“Este proyecto es un hito para la Argentina, pues ha logrado aunar el desarrollo social, el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental —afirma Juan Leandro Ferrer, Gerente de Relaciones Institucionales de la CNEA—. Su éxito es fruto de una sólida política de participación de las partes interesadas, con la intervención de gobiernos provinciales y locales, órganos reguladores, instituciones de enseñanza y organizaciones de la sociedad civil. Además, hay que destacar el préstamo de 30 millones de dólares de los Estados Unidos concedido por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que subraya el papel estratégico que pueden desempeñar los organismos multilaterales de crédito a la hora de prestar apoyo a proyectos nucleares de gran impacto”.

Este paradigma orientado al futuro requiere una amplia participación de las partes interesadas en las primeras fases del ciclo de vida de una instalación nuclear, antes incluso de que comience la fase operacional.

De acuerdo con la guía del OIEA sobre la participación de las partes interesadas, cada una de las diferentes partes interesadas —entre ellas, operadores, reguladores, comunidades receptoras, trabajadores y organizaciones ambientales— tiene una opinión y unas preocupaciones particulares que es necesario escuchar, equilibrar y tomar en consideración en el proceso de adopción de decisiones. Sin embargo, abordar e integrar eficazmente estos diversos puntos de vista puede ser complicado.

Según explica la Sra. Kwong, el proceso de clausura puede ser difícil de entender para el público debido a su naturaleza sumamente técnica, lo que genera preocupaciones en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. También subraya que, si se quiere generar confianza y fomentar una mayor comprensión por parte del público, hay que priorizar una comunicación clara a la hora de hablar sobre las medidas de seguridad, los criterios de limpieza y los planes de monitorización del emplazamiento a largo plazo. Al final, el éxito de la clausura y la reconversión depende de la confianza del público, y una falta de confianza o de concienciación puede provocar oposición y retrasos.

La confianza del público influye en las decisiones de la comunidad acerca de las normas de limpieza. Aunque los órganos reguladores establecen unos requisitos básicos, la comunidad podría exigir normas de limpieza más estrictas. A pesar de que esta opción elevaría los costos, la comunidad podría querer convertir el emplazamiento en una zona verde de uso irrestricto para eliminar los riesgos y cualquier estigma asociado a la antigua instalación nuclear. Algunas partes interesadas, por otra parte, podrían apoyar una limpieza parcial si esta permite la reconversión para fines industriales o comerciales y podrían aceptar una contaminación controlada si se reducen al mínimo los riesgos de exposición por medio de restricciones y de la monitorización, lo que permitiría una transición más rápida hacia un nuevo uso.

Estas decisiones deberían estar guiadas por la comunidad local, pues en ella recae la principal carga asociada a la transición. Las instalaciones nucleares suelen ser motores de creación de empleo y de desarrollo económico regional, por lo que su cierre, si no se gestiona correctamente, puede ocasionar la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso una recesión económica. Esto subraya la importancia de una estrategia orientada al futuro y de la participación de la comunidad para mitigar los efectos socioeconómicos negativos.

En el emplazamiento nuclear de Dounreay (Reino Unido), por ejemplo, que está en pleno proceso de clausura, se detectaron los riesgos de desplazamiento económico y se abordaron en una fase temprana del proceso de clausura. Los planificadores del emplazamiento aplicaron estrategias exhaustivas de transición de la mano de obra, como programas de readiestramiento y de redistribución de puestos, a fin de prestar apoyo al personal afectado. Esto ayudó a los trabajadores a incorporarse a sectores emergentes y estabilizó la economía local durante un período de incertidumbre, lo que permitió preservar tanto los puestos de trabajo como la resiliencia de la comunidad.

La reconversión de emplazamientos nucleares clausurados, por ejemplo, en reactores modulares pequeños, o su reacondicionamiento para fines industriales, científicos, recreativos o comunitarios, puede impulsar las economías locales y generar beneficios a largo plazo. Para lograr buenos resultados, estos proyectos deberían responder a las necesidades y las preferencias locales e incorporar aportaciones del sector privado, las instituciones de enseñanza y los miembros de la comunidad. Esta colaboración garantiza que las iniciativas de redesarrollo se ajusten a la realidad y allanen el camino para el crecimiento futuro. La colaboración puede facilitar una transición fluida y eficaz en función del costo, atraer inversiones y maximizar los beneficios para la comunidad.

No obstante, la complejidad técnica, los conflictos entre prioridades, los errores de comunicación y las limitaciones económicas pueden dificultar la participación de las partes interesadas. La incorporación de buenas prácticas en la estrategia de participación de las partes interesadas podría mitigar estos desafíos. Ofrecer explicaciones sencillas y no técnicas puede mejorar significativamente la comprensión del público, mientras que mostrar receptividad a los comentarios de las partes interesadas, aun cuando no sea posible lograr un pleno acuerdo, genera confianza. Del mismo modo, la planificación de la transición económica puede mitigar considerablemente las consecuencias socioeconómicas negativas.

En definitiva, ver la clausura nuclear como una oportunidad de renovación de la comunidad en lugar de como el simple final de la vida operacional de una instalación, puede hacer de ella un catalizador para el desarrollo regional sostenible y la resiliencia de la comunidad. “La participación continua de las partes interesadas garantiza que se tengan en cuenta las diversas opiniones, contribuye a tomar decisiones fundamentadas sobre la reconversión segura de los emplazamientos y ayuda a garantizar beneficios económicos, sociales y ambientales duraderos para las generaciones venideras”, dice Anna Clark, Jefa de la Sección de Seguridad de los Desechos y del Medio Ambiente del OIEA.